Home / Internacionales / Peritos del Senado rechazaron acusación contra Dilma por impeachment
Brazil's President Dilma Rousseff gestures during the welcome ceremony of the the MERCOSUR Summit of Heads of State and Associated States at Itamaraty Palace in Brasilia, Brazil, on July 17, 2015. AFP PHOTO/EVARISTO SA (Photo credit should read EVARISTO SA/AFP/Getty Images)

Peritos del Senado rechazaron acusación contra Dilma por impeachment

La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, no realizó las maniobras contables que fueron uno de los fundamentos para la apertura de un juicio político en su contra, según concluyeron técnicos del Senado en un informe divulgado este lunes.

“De acuerdo con el análisis de los datos, los documentos y las informaciones relativas al Plan Safra, no fue identificado ningún acto intencional por parte de la Presidenta de la República que haya contribuído directa o inmediatamente para que ocurrieran atrasos en los pagos”, señala el documento.

El texto hace referencia a la acusación de que el Gobierno de Rousseff transfirió con atraso, a bancos públicos, recursos destinados a beneficiarios del Plan Safra, un programa estatal de subvención a productores agrícolas.

El atraso del envío de fondos a los bancos, que cumplieron en tiempo y forma con los beneficiarios del programa, constituye una especie de préstamo de las instituciones financieras al Gobierno, lo que viola la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Según los peritos, si bien no hubo dolo por parte de Rousseff, la demora en la transferencia de fondos a los bancos viola esa ley.

“Los atrasos en los pagos adeudados al Banco do Brasil constituyen una operación de crédito que tiene a la Unión (Gobierno central) como deudora, lo que viola lo dispuesto en el artículo 36 de la LRF (Ley de Responsabilidad Fiscal)”, señala el documento, divulgado parcialmente por el portal del diario “Folha de Sao Paulo”.

El corresponsal de teleSUR en Brasil, Ignacio Lemus, indicó que el estudio realizado por peritos designados por la Comisión Impeachment del Senado reza que Rousseff no participó de “pedaladas fiscales”.

La pedalada fiscal consiste en la transferencia de ingresos públicos a través de la contratación de servicios con bancos públicos hacia diferentes rubros con un saldo final positivo a favor del gobierno.

La defensa de Rousseff, usará el laudo para concluir que la mandataria no cometió delito de responsabilidad.

Respecto al segundo delito que se le imputa a Rousseff y también dio base para la apertura del juicio político, el peritaje ratifica parcialmente lo expuesto por la acusación.

Se trata de la apertura de líneas de crédito suplementarias, que Rousseff autorizó por decreto, sin pedir autorización al Congreso, lo que también puede configurar delito de responsabilidad.

De acuerdo con los técnicos, tres de los cuatro decretos de crédito que son objeto de denuncia contra Rousseff eran “incompatibles” con la meta fiscal de 2015, año en que fueron promulgados.

“Existe acción intencional de la Presidenta de la República en la edición de los decretos”, señalaron los peritos.

Agregan en el texto que esos créditos deberían haber tenido previa autorización por parte del Congreso debido a que alteraron la meta fiscal.

El laudo fue elaborado por tres técnicos del Senado a pedido de la comisión especial de la Cámara Alta que se encarga del juicio político contra la mandataria.

Esta semana, defensa y acusación presentan sus descargos y testimonios ante la comisión.

Se estima que la votación final del plenario del Senado, que deberá decidir si Rousseff es absuelta o condenada, se realizará después del 22 de agosto. Se precisan 54 votos, en un total de 81, para que resulte destituida.

En mayo, el Senado de Brasil votó a favor del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, por lo que debió separarse de su cargo por un período de 180 días.
Durante este periodo se analizan las pruebas que supuestamente vinculan a la jefa de Estado con presuntas pedaladas fiscales, lo que supone que el Gobierno atrasó sistemáticamente el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales en un año electoral.
Esta maniobra de juicio político es interpretada por los analistas como un golpe de Estado parlamentario contra el Gobierno progresista, y un atentado feroz contra las políticas sociales.
El presidente interino, Michel Temer, quien quedó a cargo de la nación ha llevado a cabo desde los primeros siete días en el Poder una serie de reformas económicas y modificaciones contra la clase trabajadora, movimientos campesinos y hasta contra el sector salud, cultura y educación.

Comentários no Facebook