El imponente Operativo Sapucay fue realizado en marzo del año pasado en la localidad correntina de Itatí.
Y las últimas medidas incluso no terminan allí, ya que Torres también dispuso la detención de los dos sectrarios del juez correntino Pablo Molina y Federico Grau, como así también de otros cinco abogados particulares, uno de los cuales ya había sido detenido hace varios días, según consignó el diario Clarín.
Esta investigación impulsada por Torres junto al fiscal Carlos Stornelli y al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, está vinculada a otra causa de narcotráfico por la que está detenido desde hace más de un año el ex intendente de Itatí Natividad Roger Terán y su vice Fabio Aquina, además de gendarmes, policías federales y provinciales, en un caso que va camino al juicio oral.
Ahora Soto Dávila quedó comprometido en el caso a partir de la declaración de uno de los arrepentidos que tiene la causa, quien confesó que le pagaba grandes sumas de dinero al juez para ser encubierto.
Pero eso no es lo único, ya que Torres también tendría en sus manos una serie de escuchas telefónicas del entorno del juez correntino que lo involucran en la maniobra narcocriminal.
El matutino porteño señaló que la acusación concreta sobre Soto Dávila es dictar resoluciones favorables hacia los narcos, entre ellas algunas vinculadas a alivianar la acusación u otorgarles la libertad de manera cuánto menos controvertidas.
En este contexto, mientras aguarda por su declaración indagatoria, Torres analiza un perfil patrimonial del magistrado como así también los movimientos de la cuenta bancaria asignada al Juzgado Federal 1 de Corrientes que dirige.
Mientras ya todo el país hablaba de él, Soto Dávila dialogó unos minutos con el programa Corrientes en el Aire, que se emite por AM L17 de esa provincia. Durante la comunicación con la prensa, el magistrado confirmó que mañana se presentará a declarar ante el juez Torres y aseguró tener “la conciencia tranquila”. “Debo hacer lo que corresponde. Presentarme a la citación que tengo para el día jueves”, dijo al comienzo de la entrevista radial y añadió “soy una persona íntegra y aparte de eso soy prefectamente consciente de mi absoluta inocencia en este sentido, así que no tengo ningún inconveniente de presentarme y lo voy a hacer”. Luego indicó que tiene “absoluta tranquilidad” sobre su inocencia, aunque optó por no opinar sobre las detenciones de sus secretarios. El magistrado tiene 72 años y ejerce la magistratura hace 22 años en uno de los juzgados federales de primera instancia de la capital correntina y es juez con competencia electoral en lo federal.
El origen del caso se remite a 2013, con los primeros detenidos y el secuestro de droga en un operativo en la villa 21 de Barracas. En una segunda etapa, en marzo de 2017, detuvieron a Terán, Aquino, el comisario de Itatí Diego Ocampo Alvarenga, el segundo jefe de la delegación PFA en Corrientes Rubén Ferreyra, gendarmes, prefectos y narcos. Para este segundo punto de la pesquisa se llevó adelante una imponente redada en la cual participaron 670 gendarmes que realizaron casi 50 allanamientos, más de la mitad de ellos en Itatí, un pueblo de apenas 8.000 habitantes. Según se desprende del extenso expediente que se instruye en la Justicia Federal porteña, el manejo de la droga en Itatí estaba cargo de tres cabecillas identificados como Luis ‘Gordo’ Saucedo (todavía prófugo), Federico ‘Morenita’ Marín, recientemente detenido, y Carlos Alberto Bareiro. En total la megacausa tiene 132 involucrados, 89 en juicio, 33 todavía bajo investigación y 10 con pedido de captura. Además se secuestraron 14 toneladas de marihuana y cinco de cocaína. Otro arrepentido había indicado que se ingresaban al menos 15 toneladas de marihuana por semana.