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Una novela sin final feliz: confirmaron el procesamiento de Andrea del Boca

La medida fue ratificada por la Sala II de la Cámara Federal en la causa que investiga la malversación de fondos públicos.

La Sala II de la Cámara Federal confirmó este jueves el procesamiento contra el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, el de la actriz Andrea del Boca y otros ocho imputados en la causa por presunta malversación de fondos públicos destinados a la realización de una novela que nunca salió al aire.

Lo hicieron los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun al ratificar la acusación impuesta en primera instancia por el juez federal Sebastián Ramos, y el Tribunal ordenó profundizar la investigación sobre la productora +A Groupo SRL de la cual es titular Andrea del Boca y su hermano Nicolás.

DeVido fue procesado como autor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y tiene un embargo, también confirmado por la Cámara Federal, de 60 millones de pesos.

Del Boca está acusada como “partícipe necesaria” del delito, al igual que al entonces rector de la Universidad de San Martín (UNSAM)Carlos Ruta, embargados por 50 y 60 millones de pesos, respectivamente.

El eje central de la acusación contra la actriz es el manejo de fondos provenientes del ex-ministerio de Planificación Federal para financiar la novela “Mamá Corazón” por unos 36 millones de pesos, pese a lo cual nunca se emitió al aire.

Según la investigación, en julio de 2015 la productora de Del Boca firmó el convenio por el cual percibió la suma de 25.652.160 pesos (un 76 por ciento del costo de producción final consignado en el contrato) provenientes del presupuesto de la cartera de Planificación y destinados al financiamiento de la producción de la telenovela.

Pero, además de obtener el financiamiento íntegro de su obra con fondos públicos, un diez por ciento del total (es decir más de 3 millones de pesos) percibiría la productora de Del Boca en concepto de ganancias por la producción realizada y era la única que conservaría los derechos de comercialización en el exterior.

En la causa se investigan presuntas maniobras defraudatorias para implementar un circuito que involucró la actuación de funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, de la Universidad Nacional de San Martín y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

 

(Diario Popular)

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