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La defensora del Pueblo Nittmann.
La defensora del Pueblo Nittmann.

Polémica designación de asesor jurídico para la defensora del Pueblo de Oberá

El pasado 20 abril, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas resolvió no hacer lugar a la concesión de los recursos de casación presentados en el marco del expediente caratulado “Legajo de Apelación de Lesiuk, Hugo Orlando y Zaza, Claudio Oscar por Asociación Ilícita Fiscal”.

Se trata de un capítulo más de la causa que se inició en febrero de 2013, luego de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas.
Dicha denuncia se había efectuado por presunta comisión del delito de asociación ilícita fiscal de una organización compuesta por profesionales de la zona Centro que habría facilitado la evasión de 70 millones de pesos al fisco.
Transcurridos más de cinco años, la causa continúa y uno de los imputados, Hugo Lesiuk, fue nombrado recientemente como asesor letrado de la defensora del Pueblo de la localidad de Oberá, Patricia Nittmann, en lo que representa una designación al menos polémica por tratarse de un cargo público.
“No es incompatible, si no, no podría trabajar de nada”, expresó Lesiuk consultado por El Territorio.
Al tiempo que mencionó que “la elección del personal es exclusiva competencia del defensor del Pueblo” y por ello no hubo convocatoria de aspirantes ni selección por antecedentes profesionales.
“Patricia Nittmann me conoce porque hace quince años que trabajo en Oberá, fui abogado de empresas donde ella también es contadora y soy abogado del colegio donde trabaja ella”, manifestó.

Al tiempo que añadió: “Creo que hago bien mi trabajo y pienso que por eso me eligieron”.

“Me comí el garrón”

 Sobre la acusación de la Justicia Federal en su contra, Lesiuk consideró: “Yo me siento víctima de esa causa porque me denuncian por ser abogado de una empresa”.
“La causa sigue, los tiempos judiciales son largos, demoran mucho. Pero pienso que en algún momento se va a esclarecer todo, aunque mientras tanto me comí el garrón”, aseguró.
Según la Justicia Federal, la organización ilícita que se investiga “era liderada por Rubén Eduardo Kuhlmann y estaba integrada por contadores, abogados, escribanos, informáticos y otros profesionales que se dedicaban a facilitar la evasión tributaria de terceras personas”. (ver El cerebro).
La maniobra delictiva se habría realizado a través de una asociación ilícita que creaba empresas fantasmas que simulaban prestar servicios inmobiliarios, financieros, de salud, seguridad y asesoramiento jurídico contable con el fin de evadir impuestos.

“En la causa se realizaron 34 allanamientos, quince audiencias indagatorias y más de quince audiencias testimoniales. Las defensas presentaron 37 incidentes de nulidad y se han realizado varias denuncias contra los agentes de la Afip tratando de frenar el accionar del organismo”, detallaron oportunamente fuentes judiciales.
También se trabó un embargo por 10 millones de pesos a los integrantes de la asociación ilícita y se dictó el procesamiento sin prisión preventiva de varios de ellos.

El cerebro

En octubre del 2015, la Justicia Federal le otorgó la exención de prisión al contador obereño Eduardo Kuhlmann, previo pago de una caución real de seis millones de pesos que cubrió con bienes personales. De esta forma, el sindicado como cerebro de la asociación ilícita fiscal sospechada de haber facilitado la evasión de 70 millones de pesos abandonó la condición de prófugo que durante dos años y ocho meses lo mantuvo en la clandestinidad.

En aquella ocasión, fuentes judiciales precisaron que “Kuhlmann ofreció bienes inmobiliarios por un valor cercano al 95 por ciento del monto exigido como caución, unos 5.400.000 pesos, por lo que la diferencia restante fue cubierta con dos propiedades por su abogado defensor en calidad de fiador solidario”.

Además del pago de la caución, oportunamente la conjueza Alba Amelia Larraburu le impuso una serie de restricciones “con la finalidad de asegurar la sujeción del encartado al proceso penal”, como la prohibición de abandonar el país.

También debía presentarse dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes a la dependencia del Escuadrón 50 Posadas de Gendarmería Nacional y no ausentarse por más de 24 horas del domicilio que fijó como residencia, sin dar noticia expresa a la magistrada, todo bajo apercibimiento de revocarse el beneficio, hacerse efectiva la caución y ordenarse su captura, se citó en la disposición.

(El Territorio – Por Daniel Villamea)

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