Radio La Cueva Am 1580 – 25 de mayo Misiones
En el presupuesto 2017 se contemplaron 5 millones de pesos para el fondo especial que prevé la existencia y funcionamiento de albergues para víctimas de violencia familiar. Sin embargo, hasta la fecha, con la Ley II – Nº 30 aún sin reglamentar, no se sabe con precisión si ese dinero se ejecutó y si así ocurrió, cuál fue su destino.
Por ello, la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad (dependiente del Ministerio de Gobierno), que es el organismo de aplicación, deberá dar parte ante la Legislatura provincial a instancias de un proyecto de la diputada por la UCR, Anita Minder.
El pedido de informe también requiere especificaciones sobre la “cantidad y capacidad de casas refugios o albergues con que cuenta la provincia; cantidad de personas alojadas en las mismas” y, además, se exige “con premura que se elabore una propuesta de reglamentación para la urgente y adecuada implementación de la norma marco”, señala el proyecto.
La ley fue aprobada por unanimidad a fines del 2016. La primera inquietud sobre por qué aún no está reglamentada surgió en vista de que, para 2017, ya estaba creado el fondo especial y se asignaron recursos.
“No sabemos qué pasó durante todo este tiempo”, dijo a PRIMERA EDICIÓN la legisladora Minder, al expresar que la inquietud inicial se desprendió de parte de organismos como el INADI y la ONG Alto a la Trata, “porque la norma no se está implementando todavía y urge saber por qué”, enfatizó.
“En principio la asignación de fondos estaba solo en el presupuesto. Nosotros recibimos trimestralmente informes sobre la ejecución presupuestaria, y la del primer trimestre del año pasado todavía no estaba disponible hasta estos días, con lo cual todavía no hemos podido ver si los fondos se ejecutaron. De todas maneras, que se contemple dentro del presupuesto, aunque no esté ejecutado es contradictorio, porque ni siquiera han iniciado la elaboración del instrumento que reglamenta esa normativa, en tanto y en cuanto eso no se haga, no se puede aplicar porque la norma que fue aprobada es bastante marco. Requiere sí o sí de la reglamentación”.
Indicó la diputada: “También pedimos saber cuál es el estado de los acuerdos realizados con organismos públicos o privados, gubernamentales y no gubernamentales, a los fines de lograr financiamiento para las casas, el equipamiento y los recursos humanos multidisciplinarios necesarios de asistencia integral a las víctimas”.
Las metas
Las casas refugio apuntan a ser albergues seguros temporales para brindar protección, resguardo y acompañamiento de manera integral a las víctimas de violencia doméstica. De acuerdo a la ley, aprobada en la última sesión ordinaria del 2016 por la Cámara de Diputados, estas casas funcionarán en las ciudades cabeceras de departamento de la provincia.
Con los refugios en disponibilidad, la ley busca promover la autonomía personal de las víctimas, la inclusión en planes de asistencia de emergencia, el acceso a recursos sociales que las puedan favorecer para cortar la dependencia con sus agresores. Para Minder, “la ley es muy buena, por eso pedimos su reglamentación”.
(P.E.)
