Los cinco policías procesados por robo de la cocaína están en disponibilidad

Al respecto, la cúpula policial ordenó el pase a disponibilidad del oficial auxiliar Hugo Ariel B., quien era el segundo al mando de la división que custodiaba la cocaína.

De esta forma, ya son cinco los policías apartados de sus funciones por la Jefatura. Precisamente, se trata de los mismos cinco que en marzo pasado fueron procesados por el juez Federal de Oberá, Alejandro Gallandat, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Hasta principios de mes, Hugo Ariel B. era el único de los procesados que seguía en funciones como jefe de Operaciones y Video Vigilancia de la UR II. Pero no sólo eso, sino que junto al subcomisario Carlos Ariel L. -quien era el jefe de Toxicomanía cuando robaron la cocaína- son dos de los trece imputados por el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado el 26 de abril de 2011 en la Seccional Primera de Oberá.

Según fuentes del caso, dicho antecedente también fue tenido en cuenta por la Jefatura a la hora de resolver el pase a disponibilidad.

Jefes en la mira

El faltante de cocaína fue detectado el 11 de agosto del año pasado y desde un primer momento las sospechas se enfocaron en los funcionarios encargados de la custodia, ya que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la droga disponían de las llaves del lugar.

En la instrucción se probó que si bien el jefe y el segundo a cargo eran los encargados de las llaves del resguardo, la misma estaba al alcance de todo el personal. También se determinó que no se llevaba un detalle exhaustivo de quién o quiénes ingresaban al depósito, ubicado en la Seccional Tercera de la UR II, ni había un libro de guardia ni cámaras en el lugar.

De todas formas, el juez Gallandat no pudo probar la responsabilidad del hecho y dictó la falta de mérito respecto a la Ley de Estupefacientes, lo que fue apelado por la fiscalía.

Por otra parte, a raíz del expediente por la desaparición de la droga, Carlos Ariel L. y Hugo Ariel B. afrontan causas paralelas que deberán tramitarse ante la justicia de instrucción provincial, tal lo dispuesto por el magistrado. Se trata de la presunta falsificación de la lista de secuestros de la división que dirigían y de la supuesta indagatoria de un detenido sin  autorización judicial.

También existen suspicacias sobre la situación patrimonial de los citados.

Juez y parte

La instrucción de la causa determinó que las primeras investigaciones del caso estuvieron plagadas de irregularidades porque fueron realizadas por oficiales que quedaron implicados cuando Gendarmería se hizo cargo de las pesquisas.

En tal sentido, el expediente incluye la declaración de un consumidor y presunto distribuidor de drogas identificado, detenido el 10 de agosto del año pasado, un día antes de constatar el faltante.

El testigo fue detenido tras un incidente de violencia familiar y luego manifestó que estaba alterado porque consumió cocaína de una inusual pureza. En tanto, cuando la Policía lo indagó dijo que le compró la droga a Sebastián L., su propio cuñado.

Pero al otro día, según el expediente, el entonces jefe de Toxicomanía, Carlos Ariel L., se presentó en su lugar de detención, lo sacó del calabozo, lo subió a un auto sin identificar y le dijo que si colaboraba con él, al otro día recuperaría la libertad.

Luego de ese episodio, a todas luces irregular, Leonardo D. S. cambió su declaración y apuntó al hermano de otro policía de la misma división.

Si bien el faltante fue detectado el 11 de agosto, recién tres días más tarde la Jefatura ordenó el pase a disponibilidad del jefe.

Por ello, en ese lapso el ex titular de la dependencia continúo ejerciendo sus funciones y habría colaborado con la investigación de Gendarmería.

En ese marco la defensa de tres imputados planteó la nulidad del procedimiento porque considera que fue digitado por otro de los imputados con la intención de desviar la investigación.

Apelación fiscal

El pasado 8 de marzo el juez Gallandat dictó la falta de mérito a los doce implicados -nueve policías y tres civiles- con respecto a delitos encuadrados en la Ley de Estupefacientes, ya que al menos por el momento no fue posible probar quién o quiénes sustrajeron la droga del depósito policial.

En tanto, como única sanción para tan grave hecho, el magistrado resolvió procesar por incumplimiento de los deberes de funcionario público a cinco de los efectivos que integraban la División de Toxicomanía, a quienes además trabó embargo por 250.000 pesos, cada uno, por gastos y costas del juicio.

Por su parte, la fiscal Vallejos apeló la citada resolución y la causa fue elevada a la Cámara Federal de Posadas.

Lo cierto es que la resolución del juez federal de Oberá en avanzar únicamente en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, a todas luces una sanción muy atenuada por la gravedad del hecho, contrasta con la visión de la fiscalía.

En definitiva, para Gallandat no se hallaron elementos que permitan acusar a ningún policía por la desaparición de la cocaína; pero sí para responsabilizar a cinco de ellos por no haber custodiado adecuadamente el depósito de secuestros.

Pero a diferencia de la opinión del juez, para Vallejos se habrían producido suficientes elementos de prueba para procesar por infracción a la Ley de Estupefacientes y dictar prisión preventiva a todos los imputados.

Si bien con diferentes grados de responsabilidad, ya sea en la sustracción, facilitación o encubrimiento, en mayor o menor medida para la fiscal todos los implicados deberían responder por el ilícito, cuestión que ahora deberá resolver la Cámara.

“Posible impunidad”

En tanto, en el fallo que procesó a cinco policías por incumplimiento de los deberes de funcionario público, el juez Gallandat estableció que “estaba a cargo de los agentes de la División de Toxicomanía la conservación y mantenimiento de los elementos confiados a su custodia, lo que conllevaba adoptar las medidas necesarias para su seguridad y evitar su sustracción o destrucción, como parte del cumplimiento de sus funciones”.

Asimismo, puntualizó que en el trámite del expediente “se detectaron numerosos incumplimientos y fallas en la seguridad del depósito” de Toxicomanía, con ser la “ausencia de una guardia o control constante en el depósito”.

También se menciona la falta de designación de un responsable directo del depósito y que la llave de ingreso al mismo estuviera en un lugar de fácil acceso y al alcance de cualquiera de los agentes de la División, tal como se estableció.

Tampoco se colocaban fajas de seguridad y no había cámaras de seguridad, alarmas u otras medidas, “lo cual favoreció en gran medida la posibilidad de extraer -como ocurrió- estupefaciente resguardado en ese lugar”, se precisa en el dictamen.

Y agregó: “Los policías incumplieron las disposiciones legales propias de sus funciones, inclusive dieron directivas que alivianaron el control de entrada al depósito de la Seccional, y que el accionar de los involucrados produjo un perjuicio a las fuerza y a los bienes del Estado, dando lugar no sólo a la extracción de la droga, sino que además colaboró con su posible impunidad”.

En este último párrafo el magistrado explicitó las dificultades planteadas para probar la autoría material del hecho, al punto que reconoció que el crimen podría quedar impune.

Un kilogramo, 12 millones de pesos

La desaparición de un kilo de cocaína de máxima pureza que estaba en custodia de la UR II constituye un escándalo sin precedentes a nivel provincial.

Dicha sustancia correspondía a un lote de 4,213 kilos que fueron decomisados en un operativo realizado el 28 de septiembre del 2019 en Campo Viera. Para completar un cuadro inverosímil pero real, el narco que poseía el estupefaciente se terminó fugando y no fue recapturado.

Según indicios de la misma Policía, el kilo desaparecido se habría comercializado en el ámbito local, pero antes se “estiró” cuatro veces su volumen, ya que se trataba de un lote de máxima pureza.

“El gramo de cocaína en Oberá ronda los 3.000 pesos, lo que multiplicado por cuatro kilos arroja un total de 12 millones, lo que grafica la magnitud del negocio”, precisó un alto oficial de la Policía.