Radio La Cueva Am 1580 – 25 de mayo Misiones
El juez Ercolini la citó por la causa Hotesur, la primera que investigó sus negocios familiares.
La ex presidenta y senadora electa Cristina Kirchner será indagada hoy en la causa Hotesur, donde es investigada por haber recibido pagos de Lázaro Báez por el alquiler de habitaciones de sus hoteles.
La Justicia sospecha que se trata de retornos por los negocios que le permitieron al empresario convertirse en multimillonario.
La ex presidenta avisó a sus militantes que no la acompañen en los tribunales e insistió en que este nuevo interrogatorio, como sospechosa, es otro capítulo de la persecución judicial que, según denuncia, ordenó el presidente Mauricio Macri .
Cristina Kirchner fue citada por el juez federal Julián Ercolini por supuesto lavado de dinero, a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la ex familia presidencial. Concurrirá a Comodoro Py 2002 acompañada por su abogado Carlos Beraldi y presentará un escrito. Cristina Kirchner realizará una exposición política en su defensa, pero no responderá preguntas.
A pesar de que la ex mandataria pidió a través de las redes sociales que la militancia no la acompañe, en los tribunales se previó un operativo de seguridad, que dejará sellado el cuarto piso, donde se desarrollará la indagatoria.
Según indica el diario La Nación, la ex presidenta está acusada de lavar dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como el empresario detenido Lázaro Báez, a través de la simulación de alquileres de habitaciones de hotel por parte de la firma Hotesur.
La empresa que dio nombre a la causa es dueña del hotel Alto Calafate, que según el expediente judicial fue alquilado primero a Valle Mitre, Lázaro Báez y, luego, a Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria.
En la causa también están imputados los hijos de la ex mandataria, Máximo y Florencia Kirchner, cuyas declaraciones indagatorias están previstas para la semana próxima. Para el juez, los acusados “habrían montado un circuito económico basado en la actividad hotelera, que les habría permitido canalizar regularmente los fondos desde las empresas contratistas de la obra pública”, lo que habría generado una “ganancia ilícita”.
De acuerdo con la investigación que realizó el fiscal Gerardo Pollicita, de 2009 a 2013 las empresas de Báez pagaron más de $ 27 millones por alquileres en Alto Calafate.
