El juez Claudio Bonadio decidió ayer el procesamiento de 92 intendentes, que se suman a los ex jefes de gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina que ya figuraban como procesados, junto a otros miembros de la cartera de Ambiente del gobierno kirchnerista.
Esto, en una causa que investiga la supuesta malversación de fondos del Tesoro Nacional, entre 2013 y 2015, que tenían como destino inversiones para el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu).
Los procesados fueron embargados por 3 millones de pesos, monto que corresponde a la suma promedio que cada intendente habría recibido para la implementación del programa.
Entre los jefes comunales procesados figura el misionero Federico Neis, quien está al frente de la comuna de Puerto Rico. Al ser consultado por este medio sobre el procesamiento, Neis se mostró sorprendido, y afirmó que aún no había recibido notificaciones. No obstante, se muestra tranquilo, ya que dice tener pruebas de su inocencia ya que “el dinero está en una cuenta corriente” y esto ya se había notificado ante la Justicia.
“Recién me enteré y me llama la atención, porque ya he declarado en su momento y les mostré que estaba todo en orden. El dinero está en una cuenta corriente, ni siquiera en un plazo fijo como para generar intereses, está ahí y se los había comunicado que está a disposición para el reintegro, pero jamás hicieron el reintegro, no se porqué”, afirmó Neis.
“La verdad que no se el motivo por el cual ahora me procesan, estoy muy sorprendido”, afirma. Y agregó que “en la declaración indagatoria que había hecho, estuve dos horas y media explicando todo, y allí quedó claro que tengo todo en orden. Ahora vamos a hablar con el abogado para ver qué pasa, porque es muy reciente y sorpresivo”.
La Resolución
«Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00. Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas respecto de la mayoría de igual manera por la Alzada», sostuvo el juez Bonadio en la resolución que hizo pública el sitio de noticias Infobae.
«Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00. Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas respecto de la mayoría de igual manera por la Alzada», sostuvo el juez Bonadio en la resolución que hizo pública el sitio de noticias Infobae.
Según la investigación, los fondos eran girados directamente desde las arcas del tesoro nacional al municipio que llevara adelante tales medidas a favor del Medio Ambiente, a partir de un convenio y luego de que la administración local presentara un proyecto ajustado a cada programa. Luego, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación aprobaba el informe y luego se realizaba la transferencia de fondos.
El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras de esas provincias nunca se hicieron. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).
Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para «disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales», según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.
En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedaron procesados ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete.
Los procesados
Esta es la lista de los intendentes que quedaron procesados: Claudia Panzardi, Mateo Daniel Capitanich, Gustavo Karasiuk, Ángel Ernesto González, Francisco Winnik, Alfredo Pastor, Gustavo Steven, Carlos Andion, Hugo Sager, Walter Corra, Alicia Leiva, Eladio Aguirre, Elba Lescano, Jorge Batalla, Aldo Leiva, María Susana Simonofsky, Gerado Cipolini, Jorge Rodríguez, Oscar Nievas, José Carbajal, Carlos Palacios, Pedro Bodnarczuk, Lorenzo Heffner, Héctor Vega, Carlos Ibáñez, Pedro Maidana, Antonio José Rodas, Estela Mitore, Diógenes Requena, Rosario Belkys Avalos, Alfredo Zamora, Raúl Cantín, José Córdoba, Teodoro Camino, José Bodlovic, Horacio Mazu, Rafel Williams, Pablo Salazar, Gustavo Racca, Roberto Dehesa, Monica Stumpo, José Freyre, Héctor Godoy, José López, Juan Carlos Bacalini, Gullermo Cornaglia, Fernando Almada, Cesar Dip, Juan Orellana, Julio Castro, Rodolfo Cappellini, Luis Erro, Juan Carlos Kloss, Rubén Vázquez, José Luis Dume, Luis Stanicia, Alberto Escudero, Juan Manuel Pereyra, Eduardo Galantini, Ernesto Domínguez, Hermes Bordon y Federico Neis.
El juez incluyó también a Juan Ramón Barrionuevo, José Inza, Pablo Zurro, Alberto Conocchiari, María Gianini de Lafleur, Ricardo Casi, Walter Torchio, Gastón Arias, Néstor Álvarez, Diana Arguello, Héctor Olivera, Oscar Ostoich, Jorge Eijo, Martín Caso, Gustavo Walker, Gustavo Trankels, Marcos Luis Fernández, Francisco Iribarren, Enrique Tkacik, Marta Médici, Curetti Ricardo y Alfredo Fisher.
Por último, la nómina de procesados agregó a José Medina, Marcelo Skansi, Carlos Racciatti, Juan Carlos Bartoletti, Gusatavo Cocconi, Francisco Echarren, Francisco Durañona y Vedia y Francisco Gutiérrez.
Los sobreseimientos fueron para Omar Goye, Nancy Sand Giorasi y Carlos Espinola, mientras que recibió la falta de mérito Ricardo Moccero.
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