Espionaje ilegal | Cristina Kirchner pidió que Elisa Carrió sea citada a indagatoria: la dura respuesta de la exdiputada

Dos abogados cercanos a Cristina Kirchner pidieron este jueves que Elisa Carrió sea citada a indagatoria a los tribunales de Lomas de Zamora por una de las causas por presunto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri. Al conocer la noticia, el bloque de Diputados de la Coalición Cívica (CC-ARI) lanzó duras críticas contra la vicepresidenta, alegando que quiere “la impunidad” y “meter presa” a la referente opositora.

Alejandro Rúa y Graciana Peñafort -directora de Asuntos Jurídicos del Senado-, en su rol de defensores de Roberto Baratta, que es querellante en la causa, solicitaron al juez Juan Pablo Augé, a cargo del caso en el que se investigan las escuchas a exfuncionarios kirchneristas en la cárcel de Ezeiza, que le tome declaración indagatoria a la exdiputadapor los supuestos vínculos con el falso abogado Marcelo D’Alessio.

“El único y principal objetivo de Cristina Kirchner es la impunidad. Ahora, junto a sus abogados obsecuentes y serviles, quieren presa a Elisa Carrió. No nos van a amedrentar, no nos van a callar, no vamos a renunciar a la verdad y la justicia”, escribió en Twitter Maximiliano Ferraro, presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica.

El abogado Alejandro Rúa le respondió citando la ley “CPPN, art. 73: “… tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos…”, escribió en Twitter.

Otro legislador del mismo bloque que Ferraro, Juan Manuel López, también se expresó en la red social y aseguró que este pedido de llamar a indagatoria a Carrió es “la venganza por el valor de haberla denunciado cuando nadie se animaba”.

Su compañera Paula Oliveto, advirtió por el mismo medio: “Cristina la quiere presa. Cristóbal la quiere presa. No nos corren los chorros. No les tenemos miedo. Vamos a seguir peleando por lo que creemos, contra la impunidad”.

Mientras que Facundo del Gaiso, también diputado por la CC, avaló los dichos de sus compañeros y destacó en Twitter: “Ella (por la exdiputada) lo va a afrontar sin fueros, como una ciudadana común”.

Carrió aún no emitió ningún comentario al respecto, pero acompañó los de los legisladores de su partido con retuits.

Carrió reiteró su apoyo a que se vote al juez Daniel Rafecas para este puesto y apuntó contra el abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta e integrante de la comisión de juristas que dicta recomendaciones para la reforma judicial, al asegurar que “recibe millones de honorarios de dinero sucio robado al Estado y define un Procurador a término y con mayoría absoluta a gusto de su defendida”.

El pedido de indagatoria a Carrió

En relación a la solicitud para pedir el llamado a indagatoria de Elisa Carrió, en el escrito presentado este jueves en Lomas de Zamora los letrados indican que la asociación ilícita que está siendo investigada los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, está vinculada con la investigada en Dolores, donde el juez Alejo Ramos Padilla tiene a D’Alessio como uno de sus principales acusados.

“En reiteradas presentaciones de esta querella se ha advertido sobre el vínculo y concurrencia probatoria de esta investigación con aquella que se lleva adelante en la jurisdicción federal de Dolores respecto de la misma asociación ilícita”, advierten los abogados en el escrito presentado.

En 2019, Carrió denunció un complot para invalidar la causa de “Los cuadernos de las coimas”, a raíz de una denuncia anónima que recibió, que constaba de transcripciones de escuchas telefónicas, una de ellas a Roberto Baratta, defendido de Rúa y Peñafort.

En aquel entonces, apuntó contra el juez Ramos Padilla, al cual acusó de querer atacar al fiscal que investigaba el caso, Carlos Stornelli. Esta causa fue instruida, pero después terminó archivada por el magistrado federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Rúa y Peñafort se refirieron a esta denuncia en su escrito e indicaron: “Se transcriben así en esa denuncia conversaciones atribuidas a uno de mis asistidos entre el 1º y el 5 de febrero de 2019, mientras estuvo detenido en el Pabellón D del Módulo 6 del Complejo Penitenciario Federal I y sus conversaciones eran escuchadas ilegalmente en la Agencia Federal de Inteligencia”. Para los abogados, estas escuchas se habrían filtrado del área de jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que durante el macrismo estuvo bajo las órdenes de Juan Sebastián Destéfano.

En este sentido, pidieron que se cite a indagatoria a la referente opositora “por su responsabilidad en la maniobra ilegal desplegada desde la AFI con los objetivos de influir en la situación institucional y/o política y/o social del país y en la opinión pública y de dar cobertura a la organización paraestatal que integraban D’ Alessio y otras personas a las que la nombrada se encontraba estrechamente vinculada”.

La denuncia, presentada por diputadas del entorno de Carrió y por el fiscal Stornelli -por separado-, tuvo que ser presentada en dos oportunidades porque la primera vez cayó en manos del juez Luis Rodríguez; y, la segunda, -ya con ese magistrado excluido del sorteo a pedido de Carrió y por decisión del camarista Martín Irurzun- fue a parar al juzgado federal 11 cuando todavía estaba comandado por el ahora difunto Claudio Bonadio.

“La filtración ilegal de los audios provocada por el interesado juez de conveniencia se sumó así a la filtración ilegal de sus transcripciones por parte de la entonces diputada Carrió y la AFI en el marco de las tareas de escucha ilegal y espionaje penitenciario que se desplegaron durante el anterior gobierno a propósito de su política de persecución”, sostuvieron Rúa y Peñafort.

Este viernes, en Lomas de Zamora, comenzará una nueva ronda de indagatorias por el espionaje a personas privadas de su libertad, que habría funcionado bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF). En esa imputación, se describe que las transcripciones de las escuchas que llegaron a manos de Carrió y Stornelli habrían salido del área de jurídicos de la AFI, que estaba comandada por Destéfano e integrada, entre otros, por el abogado Mariano Ruda Bart y por Bernandro Miguens, un hombre que antes había trabajado en el juzgado de Bonadio.