El Gobierno nacional propondrá tipificar como un “delito electoral” el clientelismo político, en el proyecto que buscará reformar la Ley 26.215, de Financiamiento de los partidos políticos, y que se estima será enviado al Congreso en marzo.
La iniciativa, incluirá un capítulo para establecer las sanciones en el Código Electoral Nacional, según reveló La Nación.
Se fijarán penas de prisión “de seis meses a tres años e inhabilitación especial a cualquier ciudadano o dirigente político que ofrezca beneficios económicos a cambio de la participación en una actividad de campaña o de votar de una manera determinada”.
Además, se dispondrán “de uno a tres años de prisión e inhabilitación de seis meses a diez años para elegir y ser elegido en cargos públicos nacionales para los funcionarios estatales que destinen fondos públicos a apoyar o perjudicar a un candidato, que coaccionen o amenacen a empleados para que participen en actos de campaña y que condicionen la prestación de servicios a su cargo a la adhesión política”.
(La Nacion)
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