Radio La Cueva Am 1580 – 25 de mayo Misiones
Luis Rogers (67), jefe comunal de la localidad pampeana de Lonquimay, recibió 5 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, acusado de cubrir a un cabaret.
El intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Enrique Rogers (67), fue condenado a cinco años de prisión por participar junto a un subcomisario de la Policía provincial y al dueño de un cabaret de trata de personas con fines de explotación sexual.
En un fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa también resolvió aplicarle una multa de 50 mil pesos al subcomisario Carlos Adrián Alanís (43) y al propietario del prostíbulo “Good Night”, Carlos Eduardo Fernández (43).
Además, los jueces Marcos Aguerrido, José Triputti y Pablo Díaz Lacava condenaron a dos años de prisión en suspenso a Eduardo Mauricio Fernández (45), hermano del dueño del cabaret; y al empleado del local Brian Martín Saxs (25) como “partícipes secundarios”.
Según el tribunal, el intendente Rogers y el subcomisario Alanís fueron “partícipes necesarios” del delito de “trata de personas con fines de explotación sexual” y además de los cinco años de prisión les aplicaron una inhabilitación absoluta para volver a ejercer cargos públicos.
La decisión de los jueces coincidió con lo que había solicitado en su alegato del lunes último el fiscal Jorge Bonvehi; mientras que las defensas pidieron la absolución de todos los acusados en base a una serie de nulidades que finalmente fueron rechazadas.
De acuerdo a la acusación de Bonvehi, el dueño del cabaret fue el “autor principal” de la maniobra delictiva, en tanto que el intendente firmaba “las libretas sanitarias cuando pedían exámenes médicos genitales” y el subcomisario garantizaba con su presencia la “sumisión” de las víctimas.
“Tanto Rogers como Alanís sabían perfectamente lo que allí pasaba y no hicieron nada”, afirmó el fiscal de juicio y recordó que las víctimas fueron “captadas con una falsa oferta laboral y estaban en una situación de extrema vulnerabilidad social” ya que “dormían y vivían en el cabaret donde eran obligadas a prostituirse”.
Bonvehi consideró que Rogers tuvo la “posibilidad de cesar la actividad ilegal del cabaret y no lo hizo” y recordó que se burló cuando el secretario de Derechos Humanos de La Pampa, Rubén Funes, alertaba que en ese local había trata de personas.
“El intendente defendió la actividad del local señalando que en ese lugar se ofrecía contención a los camioneros y jóvenes del pueblo”, detalló el fiscal.
El jefe comunal fue el único imputado que se negó a declarar en el juicio, que comenzó el 23 de mayo último con los testimonios de seis mujeres que dieron detalles del funcionamiento de local nocturno.
La causa se inició el 4 de julio de 2009, cuando se intervino el teléfono de Carlos Fernández por presuntas irregularidades en “Good Night” y se establecieron vínculos con el intendente y el policía.
Fuente: Télam
