Cristina Fernández, embargada por 50 millones de pesos.
El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer jueves con prisión preventiva, pidió su desafuero y embargó por 50 millones de pesos a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, al procesarla por supuesta traición a la Patria y encubrimiento agravado del atentado a la Amia.
De su parte, Miguel Pichetto, presidente provisional del Senado y jefe del bloque del PJ, adelantó que su bancada no avalará el pedido de desafuero de Cristina reclamado por Bonadio al Senado, con lo cual cerró cualquier posibilidad de que la solicitud judicial y posterior detención pueda prosperar. «La gran mayoría opina que no procede», señaló Pichetto.
En tanto, desde el oficialismo se pronunciaron con cautela. «No nos corresponde opinar sobre la decisión de un juez, que toma la decisión en base a fundamentos y a sus consideraciones», sostuvo el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
En el fallo, Bonadio dictó el procesamiento con preventiva y se detuvo a Carlos Zannini, Jorge Khalil y Luis D’Elía, mientras que Fernando Esteche se presentó ante la Justicia porque pesaba sobre él una orden de captura. Además, procesó además con preventiva por los mismos delitos y embargo al ex canciller Héctor Timerman, pero le concedió prisión domiciliaria por razones de salud, en el marco de la investigación abierta a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
Según fundamentó Bonadio respecto de las detenciones, es posible sostener que Timerman, Khalil, Esteche, D’Elía, Zannini y Cristina Fernández, «atento a sus vínculos, siendo la última nombrada senadora nacional electa, de continuar en libertad podrían entorpecer el accionar judicial».
Sin prisión preventiva y por los mismos delitos, quedaron procesados Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Andrés Larroque, Angelina Abbona y Alan Bogado.
El juez dio por probada la «existencia de una maniobra delictiva que tenía como finalidad normalizar la relaciones con la República Islámica de Irán, a costo de provocar la impunidad de los ciudadanos iraníes», buscados por el atentado a la Amia del 18 de julio de 1994.
«Estos funcionarios del Estado Nacional, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados», sentenció el juez.
Para ello, elaboraron el Memorándum de Entendimiento con Irán y procuraron ponerlo en marcha «en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de la Amia y lograr normalizar las relaciones entre ambos Estados», dice el fallo.
«Este plan fue orquestado y puesto en funcionamiento por la entonces presidente Cristina Kirchner» junto a Timerman y otros acusados, advirtió el juez.
Sobre la ex presidente, Bonadio remarcó que «la imputada impartía personalmente las instrucciones al resto de los imputados y, principalmente, al canciller Héctor Timerman». La investigación se abrió a raíz de la denuncia del fallecido fiscal federal Alberto Nisman en enero de 2015, cuando Cristina Kirchner era presidente de la Nación.
A la actual senadora electa, Bonadio le dictó el procesamiento con prisión preventiva y la embargó por 50 millones de pesos como coautora de traición a la patria, encubrimiento agravado y estorbo de la justicia. Esto último, en relación a los vínculos que aún conserva y podrían entorpecer la pesquisa.
Por ello, pidió su desafuero para detenerla por considerar que puede entorpecer la investigación a raíz de sus contactos.
«Solicítese al Honorable Senado de la Nación el desafuero de Cristina Elisabet Fernández, con el fin de cumplir con la prisión preventiva dispuesta (artículo 70 de la Constitución Nacional y artículo 1 de la ley N° 25.320)», solicitó en un oficio enviado hoy a la Cámara Alta.
«Por lo menos a partir del año 2010, el gobierno que presidió Cristina Elisabet Fernández exteriorizó un cambio de postura política frente al caso Amia, diametralmente opuesto al adoptado desde que ocurrió el atentado», remarcó el fallo.
Quién es Claudio Bonadio
En el libro éxito de ventas de Tato Young ‘El libro negro de la Justicia. La lógica del dedo en el gatillo’, en el capítulo 27, el autor señala que «en la década del 90 hubo una manera de llamarlos. Eran los jueces de la servilleta. El nombre salió del ingenio del ministro de Economía Cavallo, cabeza visible de una de las dos posiciones que se habían lanzado a la guerra de guerrillas dentro del propio gobierno. Cavallo se enfrentaba con furia al ministro de Interior, Carlos Corach, y denunció que su archienemigo le había anotado en una servilleta los nombres de los jueces federales que le correspondía.
Eran casi todos, por supuesto. Uno de los nombres más obvios era el de Claudio Bonadio. Fortachón y de pelo largo, con campera de cuero y aspecto de motoquero, Bonadio había llegado a Comodoro Py directamente desde la Casa Rosada.
Su trabajo anterior había sido el de secretario Legal y Técnico de la Casa Rosada, a las órdenes del mismísimo Corach, de quien nunca llegó a desligarse. De pasado peronista, ligado a las huestes de la derecha más salvaje, Bonadio era un hombre de armas tomar y pronto haría gala de sus mañas y de su temperamento (…). Bonadio fue uno de los jueces más leales del menemismo, pagó con impunidad a los gobernantes que lo apadrinaron».
Radio La Cueva Am 1580 – 25 de mayo Misiones