Afirman que hay políticos y sectores sociales que promueven usurpaciones

La presencia de los mismos actores sociales en distintos conflictos y puntos de la provincia, lleva a concluir que en muchos casos son claramente motivados por sectores sociales y hasta políticos.

Es lo que observó el miércoles la subsecretaria de Tierras y Colonización, Sonia María del Carmen Mello. Indicó que estas ocupaciones se dieron en momentos en que desde la provincia se avanzaba “en ocupaciones consolidadas de muchos años, donde el proceso de normalización y de diálogo se viene dando”.

Ahora se intrusaron nuevos espacios, tanto rurales como urbanas y genera seria preocupación de los titulares, al ponerse en peligro el derecho a la propiedad privada. Según respalda la Constitución Nacional (artículo 17): la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Sin embargo, apoderarse de tierras de manera particular o masiva es lo que pone en alerta a muchos propietarios de Misiones.

La subsecretaria de Tierras afirmó que “se repiten los actores sociales” en varios lugares donde se están haciendo reclamos por tierras”.

Añadió que “en algunos lugares nos encontramos que la autorización verbal vino por el mismo titular registral y luego encargado de la denuncia por la ocupación”.

“Encontramos que se repiten actores en Alem, Oberá, en Santa Ana y en Wanda. El discurso que dan es que el Estado tiene la obligación de resolver la situación, que es cierto, pero también debe velarse por el derecho de todos, como de la propiedad privada, ya que estamos violando el derecho adquirido”, añadió.

También recordó que por lo general “existe una denuncia -previa- radicada por el titular, donde interviene la justicia y la idea es tratar de resolver en equilibrio entre ambos derechos”, en referencia al que necesita un lugar para habitar como el derecho del titular de la tierra.

Sobre el rol del área a su cargo, indicó: “Desde el Estado nos ocupamos y no podemos desconocer los que tienen necesidad social. Hay familias que están en una difícil situación”, dijo al sostener que están recibiendo asistencia como se hace en Posadas, tanto con la ayuda del municipio como de Desarrollo Social, entre otros. “Estamos atendiendo la situación de quienes no tienen dónde vivir”.

Añadió que la ocupación se da tanto en zonas urbanas como en zonas rurales.

Ello además de reconocer que efectivamente hay miles de familias que están en una situación de mayor vulnerabilidad, pero que las soluciones deben resolverse respetando todos los derechos.

En San Pedro

Como se indicó, el miércoles un grupo importante de productores se autoconvocó en San Pedro luego de que se conocieran casos de usurpación de tierras y desalojo en la provincia.

El temor de los colonos radica en que existe un número importante de lotes sin los títulos correspondientes, siendo de urgencia que desde la Subsecretaría de Tierras se agilice la otorgación de los trámites por titularización iniciados.

Los presentes repudiaron el hecho de que funcionarios estarían involucrados en la falsificación de documentos y esperan se tomen medidas drásticas para evitar que este tipo de hechos continúe ocurriendo.

La reunión permitió conocer distintas realidades y situaciones, que inquietan y mantienen en vilo a los colonos, así como el temor, por un lado, de que de un momento para otro, encontrarse con que un tercero aparezca con un título asegurando haber adquirido su propiedad y se trate de una falsificación, o bien con personas instalándose en la chacra y se encuentre de manos atadas porque si bien hace años esperan por conseguir la tan anhelada titularización, que por distintas negligencias del organismo competente, el trámite se encuentre encajonado y por otra parte, sufrir el robo de animales o yerba mate, que se intensifica durante estos meses.

Un caso testigo

Lo ocurrido en Itacaruaré llevó a que los productores dejen de estar en sus casas esperando recibir el título gestionado y salir a exigir la agilización de los trámites, comenzando por dotar de recursos humanos y materiales a la oficina de tierras que funciona en la localidad, contar con un registró de la cantidad de productores que se encuentran en dicha situación, formar una comisión de productores para realizar las presentaciones de las notas y pedidos ante las autoridades del gobierno, a fin de recibir una respuesta inmediata.

El productor Ariel Steffen afirmó: “No podemos permitir que se vengan a adueñar de tierras ocupadas por generaciones, el colono es quien trabaja la tierra y hoy se siente vulnerable ante este tipo de hechos”.

Steffen, productor y presidente de la cooperativa Siete Estrellas, añadió que “hoy entre todos tenemos que exigir al gobierno y mostrar repudio a quienes incentivan la usurpación de tierras. No puede ser que el título demore en salir entre siete y ocho años”.

Los presentes coincidieron en que se avance con un relevamiento que lleva adelante la Municipalidad y una vez que se tengan los datos, así sea por colonia o sectores que carecen de los títulos, presenten una nota ante el gobierno provincial.

Uno de los ejemplos fue planteado por uno de los damnificados, quien expresó que “en 2004 terminé de pagar la tierra, después me pidieron formularios, fui a Posadas y no logré soluciones. Sería muy bueno que se agilicen estos trámites” y así fueron varios los ejemplos de personas que llevan más de 35 años sin conseguir concretar el trámite, tornándose vulnerables a las mafias organizadas que falsifican documentación.

“Tenemos escribanos delincuentes, integrantes de la seguridad del gobierno y distintos actores que se prestan para sacar la tierra, inclusive  a aquellos que tienen título de propiedad, la situación no está fácil” alertó Víctor Chamula, un productor que participó desde Andresito.

En Santa Ana

A su vez, un profesional de Oberá denunció otro caso de ocupación de su propiedad en Santa Ana. Afirmó haber adquirido en el 2013 los inmuebles que se identifican como Solares “A, B, C; D, E y F” correspondiente a la manzana 235 de la citada localidad.

También sostuvo que el martes le informaron que varias personas ingresaron a su propiedad, como comprobaría horas más tarde. Luego pediría la ayuda de funcionarios municipales, quienes a pesar de la intervención afirmaron que no se retirarían, por lo que se concretó la citada denuncia policial.

Además intervino el magistrado de instrucción en turno, que dispuso hacer la constatación del lugar. De esta manera, se logró determinar la presencia de 11 familias, todas residentes de la zona, que por el momento no habían concretado ninguna edificación.

Un escribano en problemas

En septiembre, una familia posadeña denunció que fue estafada por la venta de un terreno en el barrio Miguel Lanús, que contó con la participación de un escribano. Luego de la presentación judicial y apertura de un sumario por parte del Colegio de Escribanos de Misiones, se conoció que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) avanzará en la destitución de un notario, por lo que perdería su matrícula.

La decisión se encuadra en “reiteradas incorrecciones de orden profesional”, que pudo comprobarse y constituyeron “en una real y efectiva violación de deberes esenciales”.

Se estima que el fallo del STJ se publicará en las próximas horas.

En la investigación, que fue abierta tras conocerse el caso, se observó que no se trató de la primera vez que el escribano implicado incurre en una estafa, al verse involucrado en un hecho de índole similar en 2018, con la venta de un terreno en la comuna de Itacaruaré. Esta situación derivó en litigio y, en efecto, en la suspensión por el término de seis meses en el ejercicio profesional, pena máxima estipulada dentro de las normativas del Colegio de Escribanos de Misiones.

Ante este hecho, que afectó a una familia de Posadas, el STJ decidió la suspensión y quita de la matrícula.

En su momento, El Territorio dialogó con Juan Sarquis, presidente del Colegio de Escribanos, quien aseveró que “la estafa que involucra a un profesional matriculado en el colegio generó una gran preocupación en el sector, dada la responsabilidad y rol de un escribano en operaciones que son públicas”.

(El Territorio – Por Antonio Villalba)