El Gobierno porteño gastó 45 millones de pesos en la compra de 15 mil barbijos, unos 3.000 pesos por unidad, para destinar a hospitales y personal sanitario. La millonaria compra fue adjudicada a la empresa Green Salud, perteneciente a un director del Grupo Cablevisión y vinculado en otra firma a Rodrigo Miguel, hermano del jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel
Según publicó la revista Noticias, la compra fue publicada por el Boletín Oficial el 8 de abril y realizada a la firma Green Salud. En concreto, se gastaron 45 millones de pesos para comprar 15 mil barbijos ($3.000 cada uno) de “alta eficiencia” de la marca 3M. Según el Ministerio de Salud porteño, el modelo 9332 FFP3 con válvula es uno de los más caros del mercado, aunque según un comunicado de la empresa 3M, cada unidad cotiza alrededor de los U$S 3,40, alrededor de 289 pesos al tipo de cambio de 85 pesos.
Lo más llamativo, además, es que la compra se realizó a la firma Green Salud, que pertenece al abogado Ignacio Saenz Valiente, que además es director del Grupo Cablevisión y la firma Telecom. Además, está vinculado a Rodrigo Miguel, hermano del jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, en la asociación civil ‘El club de la República y también en una empresa de seguros, según publicó el sitio web Minuto de cierre.
De hecho, ayer cuando en una conferencia de prensa le preguntaron a Horacio Rodríguez Larreta, sobre la compra de los barbijos a 3.000´pesos, el jefe de Gobierno porteño le pasó la pelota a Felipe Miguel, que no pudo precisar por qué se había pagado esa suma de dinero, aunque garantizó la “transparencia de la compra”.
“Estamos evaluando las diferentes compras y una vez que tengamos el análisis hecho se dará a conocer. Todas las compras que hacemos desde la Ciudad son transparentes y cumplen con todos los procedimientos legales que tienen que cumplir”, señaló el jefe de Gabinete porteño, cuyo apellido quedó vinculado a la compra.
La situación, además, sale a la luz una semana después de que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación quedara envuelto en una polémica por la compra de alimentos (aceite y arroz, puntualmente) realizadas con sobreprecios de hasta el 62 por ciento, que luego fueron canceladas y derivó en que el Gobierno anuncie que no pagará más alimentos por encima de los precios máximos establecidos por la Secretaría de Comercio. Además, el Gobierno acusó a las empresas de subir los precios, aunque luego el ministro Daniel Arroyo le terminó pidiendo la renuncia a 15 funcionarios vinculados a esa compra.