La situación se vuelve cada vez más compleja por la precisión con la cual falsifican un documento público. Sin embargo, las autoridades de la cartera educativa cuentan con medidas de seguridad para identificar los casos de títulos truchos y elevar la denuncia correspondiente.

“En el nivel secundario es donde más se detectan títulos adulterados, sobre todo para el ingreso a las fuerzas de seguridad o bien para acceder al cobro de un beneficio”, reveló el jefe del Departamento de Registro y Legalización de Títulos del Consejo General de Educación (GGE), Pedro Herrera.

Si bien Herrera no precisó la cantidad de casos detectados en lo que va de 2016, advirtió que en el segundo semestre del año es la época en la que más se detectan irregularidades, por la alta demanda de aspirantes que tienen la Policía, el Ejército y la Gendarmería. No obstante, aquellos que incurren en la falsificación de un certificado de terminalidad del nivel medio se exponen a consecuencias legales.

“Cuando detectamos y tenemos la certeza de una adulteración damos aviso a la Policía jurisdiccional y ellos inmediatamente vienen. La persona queda detenida porque la adulteración de documento público es un delito. Después la causa sigue los pasos judiciales correspondientes”, dijo el funcionario.

“Las personas quedan supeditadas a la causa y el sumario sigue. La situación se dirime en la Justicia”, insistió Herrera y agregó que, sólo en 2015, el Departamento de Títulos presentó 30 denuncias penales por documentos adulterados. La denuncia penal supone otra instancia que es utilizada “cuando tenemos una duda, entonces hay que hacer la consulta a Buenos Aires y es entonces cuando iniciamos una denuncia penal. Si la persona no tiene nada que ocultar, no hay problema”.

“Cada vez se ingenian más para adulterar el documento y hacerlo pasar por original. Hay falsificaciones que están muy bien hechas. Y cuando entrevistamos a las personas a ver cómo consiguieron el documento, ellas mismas confiesan que lo compraron y que cuestan entre 3 mil y 5 mil pesos”, señaló.

“Se hacen evidente estas prácticas, sobre todo en el ingreso a las fuerzas de seguridad”, adujo Herrera y añadió: “Por eso trabajamos en conjunto; ellos nos piden un control y justamente por ese pedido nos enteramos de las maniobras”. En ese sentido, instó a todas las instituciones públicas y privadas a solicitar la certificación de títulos al CGE. Allí, los títulos pasan por diferentes controles desde la calidad del papel hasta la firma de las autoridades de la institución que lo otorga.

“Hoy, podemos identificar si un título universitario es válido o no, teniendo en cuenta la cantidad de oferta académica existente. Se han implementado convenios con las diferentes universidades y a través de un programa online podemos saber si ese título es verdadero o no”, acotó.

Otro recurso del Departamento de Títulos es remitirse al Sistema Federal de Títulos implementado en 2008 para verificar si las firmas son correctas.

El caso de Tres Arroyos
En la ciudad de Tres Arroyos de la provincia de Buenos Aires, se desató un escándalo días atrás, justamente por adulteración de títulos en los cadetes de la Policía.

Darío Gau, jefe de la Policía de Tres Arroyos, confirmó que es Asuntos Internos el organismo que debe decidir la suerte de los efectivos que habrían presentado certificados adulterados donde dan cuenta de que cursaron el secundario completo. “Está en manos de ellos tomar alguna determinación al respecto, ya que ese material se les solicitó a los aspirantes a la Academia de Policía, los que luego pasaron a ser oficiales y luego salió a la luz que había varios títulos falsificados”, señaló Gau.

(El Territorio)