El mismo día en que debía realizarse el debate oral, un gestor aduanero misionero logró la suspensión del juicio a prueba ante un tribunal del fuero económico, eludiendo de esa manera la pena de prisión en suspenso que le cabría por haber tramitado múltiples operaciones aduaneras de exportación de obras de arte utilizando documentación apócrifa a nombre de terceros, hace alrededor de una década.
Se llama José Reinaldo Batista (63), es oriundo de la localidad de Campo Viera pero desde hace muchos años posee domicilio en un departamento de Buenos Aires. No actuó solo, por lo que el mismo beneficio judicial le correspondió a otros dos acusados: Pablo Hernán Pellegrino (37), despachante de aduana domiciliado en Lomas de Zamora y Benjamín Scavuzzo (72), contador público jubilado con un grado menor de participación.
De acuerdo a la acusación fiscal expuesta en el auto de elevación a juicio, los tres fueron parte de una asociación que entre el año 2006 y 2007, mediante distintos artilugios como ser la presentación de facturas y certificados apócrifos a nombre de otras personas, logró exportar obras de arte hacia otros países burlando el control aduanero y eludiendo así las obligaciones fiscales.
Tres causas
Son tres causas similares iniciadas a instancias de las denuncias hechas por los damnificados ante la Dirección General de Aduanas (DGA). Sólo uno de ellos se presentó como querellante bajo el patrocinio de un abogado particular, aceptó el resarcimiento económico ofrecido por los acusados y validó la suspensión del debate en el Tribunal Penal Económico Uno, a cargo de la jueza federal Karina Rosario Perilli.
En la primera le imputaron a Batista y Pellegrino la confección, tramitación y presentación ante el servicio aduanero, de las destinaciones de exportación en las que se habría consignado como exportador a Fabián Horacio Maffeo, cuando éste no habría intervenido en las mismas.
En todos los casos presentaron facturas y certificados apócrifos y se habría consignado la mercadería (obras de arte) como usada, cuando no lo era, con el objetivo de otorgarle un tratamiento fiscal distinto. Por eso ambos fueron imputados como coautores del delito de contrabando agravado.
En otra causa tramitada de forma paralela a la anterior, a los mismos protagonistas le imputaron idénticos delitos en función de maniobras similares, pero consignando falsamente como titular exportador a Ricardo Fanelli.
En la tercera acusaron al gestor misionero y al aduanero haber intervenido, esta vez junto a Scavuzzo a través de una empresa privada, en el intento de extraer del país (con destino a Francia) otras costosas piezas de arte ocultando la identidad del verdadero exportador y consignando nuevamente a Maffeo.
El expediente judicial indicó que en ese caso, para darle un supuesto marco legal, presentaron certificados de la Secretaría de Cultura de la Nación y valuación de la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, presuntamente apócrifos, a efectos de que el servicio aduanero autorizará la salida de la mercadería simulando la verdadera identidad del exportador. Se detectó que todo habría sido adulterado.
Piezas costosas
Según lo consignado en los documentos judiciales, Batista habría intervenido como gestor, junto al aduanero Pellegrino, en un total de 39 envíos de costosas piezas de arte.
Fue uno de los damnificados, Ricardo Fanelli, el impulsor de las causas, al verse imposibilitado de seguir operando comercialmente cuando se detectaron las maniobras aduaneras fraudulentas que hasta ese momento desconocía.
Solicitó el mayor esfuerzo monetario de los imputados para resarcir el daño económico que le produjeron al utilizar su identidad. Por eso, la defensora de Batista se apoyó en la falta de antecedentes de su defendido para solicitar a la jueza la suspensión del debate, ofreciendo un pago de 20.000 pesos en diez cuotas de 2.000 cada una, a modo de indemnización.
Lo mismo ofrecieron los defensores de Pellegrino y Scavuzzo, reuniendo entre los tres un monto de 50 mil pesos, finalmente aceptado por el querellante. Eso dio paso a lo que vino después.
Tareas comunitarias
Pero las causas no cerraron con eso. El reconocimiento del delito por parte de Batista al ofrecer un pago indemnizatorio motivó una pena que tiene que ver con tareas comunitarias.
El Tribunal Penal Económico lo condenó a pagar su delito realizando actividades ad honorem en la iglesia Santa Catalina (provincia de Buenos Aires) durante dos años, a razón de 288 horas anuales que deberá justificar mensualmente. No puede ejercer cargos públicos ni desarrollar el comercio, momentáneamente.
Pellegrino también deberá hacer tareas comunitarias por la misma cantidad de tiempo en la fundación Más Ciudadanía de la localidad de Adrogué, en tanto que Scavuzzo hará lo propio pero durante un año solamente, en la fundación Argentina de Afasia “Charlotte Schwarz” de Buenos Aires y además, tendrá que donar 10.000 pesos al hospital Pedro Lagleyze de esa misma provincia.
$20.000
Acuerdo. El misionero logró la suspensión del debate al ofrecer el pago de 20.000 pesos en diez cuotas de 2.000 cada una, misma maniobra que usaron los otros imputados y fue aceptada por el damnificado y la jueza interviniente.