Seis teléfonos celulares, elementos punzocortantes y varios litros de “yakiko” -bebida alcohólica que preparan los internos con fruta fermentada y alcohol puro-, fueron requisados por personal del grupo especial del Servicio Penitenciario Provincia (SPP) en los distintos pabellones de la Unidad Penal II de Oberá.
El procedimiento se realizó el jueves pasado, luego de que El Territorio diera detalles del descontrol que se evidenciaba en la cárcel de Oberá con internos que poseían celulares y cuentas en la red social Facebook, lo que contradice el protocolo de seguridad y propicia un sinnúmero de situaciones irregulares.
Con las constancias del caso, quedó probado que un condenado por homicidio compraba y permutaba celulares a través de las redes sociales con total impunidad y presunta complicidad de algunos guardias.
Precisamente, para evitar cualquier tipo de interferencia y transparentar el procedimiento, la citada requisa estuvo a cargo de efectivos procedentes de la ciudad de la Posadas y arrojó resultados muy positivos, según fuentes de la propia fuerza.
El operativo se extendió por varias horas y permitió dar con seis celulares, chuzas o elementos punzocortantes y el denominado yakiko que preparan los mismos reclusos.
“A raíz de la publicación periodística, las autoridades del Servicio Penitenciario iniciaron un sumario administrativo y ordenaron una requisa a fondo que dio muy buenos resultados. No sólo se encontraron seis celulares, sino también facas tumberas que en poder de la población constituyen un enorme riesgo, tanto para los guardias como para los internos. Además, encontraron bidones con bebidas alcohólicas, yakiko como se dice vulgarmente, fabricado con alcohol puro y cáscaras de frutas. Sin dudas, había mucho descontrol en el penal y se deben ajustar varios aspectos”, confió una alta fuente del caso.
En tanto, para garantizar el accionar de los uniformados el procedimiento fue filmado.
Por otra parte, el director del penal, Walter Flores, confirmó que el fin de semana se registró una pelea entre dos internos, uno de los cuales sufrió una herida de arma blanca y fue trasladado al Hospital Ramón Madariaga de la capital provincial.
Un escándalo
En su edición del martes 22 de mayo, con las pruebas del caso, este matutino informó que internos de la Unidad Penal II poseían celulares y cuentas de Facebook desde donde hacían negocios.
Por ejemplo, quedó probado que un condenado por homicidio compraba y permutaba celulares a través de las redes sociales, una situación incomprensible de no contar con la complicidad de guardias infieles.
“Compro celu con Whatsapp que sea chiquito”, se leía en una página de compra venta por Facebook. El comprador se presentaba como Nano CL, ofrecía 1.200 pesos y agregaba un número como contacto con característica local.
No se aclaraba que el interesado en adquirir un teléfono era en realidad Ángel Preste (20), un interno de la Unidad Penal II de Oberá condenado por delitos de “homicidio en concurso real con tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso civil”.
El mismo sujeto tenía un segundo perfil de Facebook donde se identificaba como Santi Martínez, estudiante con domicilio en Neuquén. Todo falso.
En otro aviso, el mismo Preste ofrecía un celular marca TCL: “Permuto por otro más chico, anda todo”. Acompañaba la oferta con cinco fotografías del aparato.
En su perfil falso bajo el seudónimo de Santi Martínez, el mismo Preste aparecía con otro reo condenado de nombre Marino Domínguez, quien a su vez posee una cuenta de Facebook con su propio nombre.
Repercusiones tras el informe publicado
Tras la publicación del informe periodístico de este matutino a mediados de mayo, el presidente del Tribunal Penal Uno de Oberá, Francisco Aguirre, reconoció que “es un tema muy delicado que nos preocupa sobremanera. Hablamos con el director a cargo y le remarcamos la importancia de la requisa, como también que nos mande todos los celulares que requisen”.
Ante la consulta de este matutino, el magistrado opinó que “indudablemente aquí está metido el personal. Imposible que los presos tengan celulares sin complicidad del personal”. Asimismo, explicó que el mandato del Tribunal Penal a las autoridades de la cárcel de Oberá es que remitan todos los teléfonos que se incautan, algunos de los cuales posteriormente son sometidos a pericias que permitan dar con los responsables de su ingreso al penal.
Más allá de la investigación interna que disparó la publicación de este diario, Aguirre se mostró muy firme en cuanto a la necesidad de deslindar las responsabilidades para sentar un precedente. “El personal que comete este tipo de delitos debe ser exonerado. Estas conductas no se pueden tolerar y es necesario demostrar que se está actuando”, remarcó la semana pasada al dialogar con El Territorio.
(El Territorio – Por Daniel Villamea)
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