Instan a que los privados exijan a sus docentes antecedentes y valoración

El caso del Instituto Horacio Quiroga, de Posadas, no sólo se instaló en la agenda nacional sino que pone en el tapete un tema de larga data: el control al que deberían someterse los maestros que son contratados en el sistema privado. Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), filial Misiones, señalaron a El Territorio que la exigencia de documentación debe ser exactamente igual que en el ámbito estatal, siendo prioridad la presentación de una evaluación psico-física, certificado de antecedentes penales y una ficha de valoración.
El escándalo se desató tras la denuncia de una madre a una docente de segundo grado del Instituto Quiroga, porque ataba a su hijo a una silla en horas de clases. El episodio trascendió en una reunión de padres, es decir, la mamá termina por enterarse de lo sucedido de manera prácticamente azarosa. El hecho ocurrió a fines de julio, pero tomó estado público en los últimos días.

Desde el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm) aseguraron que se abrió un sumario y la docente cuestionada fue suspendida hasta tanto se resuelva la investigación.
Osvaldo Navas, secretario adjunto de la Sadop, sostuvo que los papeles exigidos por parte de la patronal a sus educadores es un ítem de incansable debate en las reuniones o mesas de diálogo del gremio. A diferencia de las escuelas públicas, que se manejan con un padrón de valoración, los colegios privados tienen la libertad de contratar al docente que consideren apto. El único organismo que regula el funcionamiento de los privados es el Spepm.
“La contratación de todo docente la hace el patronal, le corresponde pedir todo lo que corresponde a su titulación. La patronal puede ser una asociación o una persona física que elige al personal idóneo”, dijo.
“Uno de los puntos que siempre hemos discutido en las mesas de diálogo es que toda la documentación, todo lo que corresponde pedir en el ámbito estatal que acrediten el ingreso de la persona a la docencia, también se debe exigir en las privadas. El docente es el mismo, entonces los requisitos deberían ser los mismos”, señaló el gremialista.
“Estamos hablando de que a un docente deberían pedir evaluación psicológica y de antecedentes penales como también una ficha de valoración anual”, comentó entre la documentación indispensable, y agregó: “En alguna institución, si un patrón permite ingresar a un docente que no concluyó su carrera, la responsabilidad es del patrón”.
“A veces hay patronales que no exigen toda esta documentación y nosotros podemos interceder ante alguna denuncia concreta, pidiendo la intervención del Ministerio de Trabajo, porque no pueden acceder a las plantas funcionales de cada instituto privado”, aseveró Navas.
Sucede que en los establecimientos privados no es obligatorio, por ejemplo, la vigencia del cuaderno de actuación o la hoja de concepto anual, que en las públicas representan instrumentos de control y evaluación del desempeño del docente.
Consultado sobre el caso puntual del Instituto Quiroga, respondió: “La responsabilidad primera es del docente, pero los directivos también -en caso de omisión de controles-, como el director, está para controlar el desempeño del maestro frente al aula”.

Valoración
Navas explicó que en los colegios privados existe lo que se conoce libro de convivencia, que establece la regulación del establecimiento, contemplándose los roles de docentes, alumnos y padres.
Lo que no tiene carácter obligatorio, pero está vigente en varias colegios, es la ficha de valoración. “El patrón no está obligado a solicitar la valoración, pero nosotros solicitamos que se incluya esa ficha. Tenemos esas peleas. Pedimos que los docentes registren su desempeño para que el ascenso en los cargos sea por carrera docente y no por algún acomodo”.

La causa legal
La primera denuncia se radicó el 2 de agosto en la Comisaría de la Mujer de la calle Córdoba; también hubo exposiciones policiales en las Seccionales Cuarta y Quinta. El hecho habría ocurrido el 31 de julio y trascendió días después en una reunión de padres, en la escuela ubicada en avenida Sáenz Peña 1500.

Una mamá radicó la denuncia, porque otro papá le contó que su hija le había dicho que a un compañerito la maestra lo había atado con una cinta a una silla durante una clase. La madre se da cuenta que se trataba de su hijo y decide iniciar acciones legales. Se trata de un chico que cursa segundo grado en el Instituto Horacio Quiroga.

La causa seguirá su curso en el juzgado de Instrucción 3 de Posadas a cargo del juez Fernando Verón.

Por su parte, el Spepm suspendió a la docente hasta que se resuelva el sumario.

(El Territorio – | Foto: Facundo Correa)