Radio La Cueva Am 1580 – 25 de mayo Misiones
A pesar de los argumentos legales que respaldan los derechos de Carina Raquel Pacheco y su familia, que vive desde hace 20 años en un predio de la chacra 114, de Posadas, el titular del Juzgado de Instrucción 2, Fernando Verón, ordenó el desalojo que se efectivizó este martes alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando cerca de 100 efectivos de la Policía de Misiones, a cargo del comisario Sergio Viveros, jefe de la Unidad Regional I, ingresaron a la vivienda, y sacaron por la fuerza a las tres familias que viven en el predio y que se encontraban durmiendo, apoyados por miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), y el Grupo de Intervención Rápida (GIR). Según consta en el parte policial, personal femenino sin armamentos, ayudó a desalojar a once personas, cinco menores y seis mayores.
Casi una hora después, notificaron a la ministra de Derechos Humanos de la Provincia, Lilia “Tiki” Marchesini, quien concurrió a la vivienda junto al diputado, Roque Gervasoni, como veedores de la situación, ya que poseen esa facultad, teniendo en cuenta además, el grado de complejidad de esa situación, producto de la gran cantidad de menores de edad involucrados.
“Llegaron de golpe y nos atropellaron”
Sentada en el cordón de la vereda, y con lágrimas en los ojos, Carina Pacheco, mira sin ver y sin entender semejante atropello. “Vinieron de golpe. Nadie nos notificó nada. Vinieron y nos atropellaron empujándonos a todos a la calle sin ningún tipo de defensa, como si no tuviéramos derechos. No tenemos donde ir, nos vamos a quedar acá hasta que nos ayude el Estado que nos expulsó”, dice.
Cuenta que la ministra de Derechos Humanos está tramitando en el Juzgado una prórroga, o ver qué pueden hacer, porque el juez Verón mandó ejecutar una orden del 20 de diciembre del año pasado. “La policía no quería dejar ingresar ni a la ministra (Tiki) Marchesini. Lo que me sorprende es la violencia ejercida aún cuando ven que hay chicos, y que todos los policías estén encapuchados. ¿Por qué así, por qué tanta violencia? Llegaron de sorpresa eso de las seis de la mañana más o menos, y nos dieron 72 horas para sacar nuestras pertenencias, pero no tenemos con nuestros hijos y nietos. Es muy injusto”.
Allanamiento “viciado de irregularidades”
Desde el Ministerio de Derechos Humanos señalaron que el procedimiento de desalojo dispuesto por el juez Fernando Verón, subrogante del Juzgado de Instrucción Dos, en la vivienda de Carina Pacheco se realizó a las 6:00 y dieron aviso al organismo, una hora después.
“El allanamiento fue a todas luces irregular, ya que la orden de aviso de ingreso se hizo a lado de la cama de la familia, cuando debería hacerse en la puerta de entrada. Lo efectuaron con una testigo de nombre Alicia Blanca Villalba de 60 años, y luego hicieron ingresar a una nueva testigo a las 8.15, de nombre Paula Giménez Faza, quien firmó el acta, sin haber presenciado el procedimiento.
“Además, no dejaron ingresar al abogado defensor de la familia, ni a ningún integrante de ese Ministerio, incluida la ministra de Derechos Humanos que se hizo presente en el lugar, mientras en el interior de la vivienda, estaban oficiales de la Policía de la provincia, con la ausencia al inicio del procedimiento, de la Policía Comunitaria y de una ambulancia al momento del ingreso”.
Reiteran que las personas fueron sacadas “con violencia: Javier Alonso, el esposo de Carina Pacheco, sufrió apremios ilegales y fue esposado aún cuando no ofreció resistencia. Luego de ser reducido por la fuerza, y expulsado a la vereda, un vecino lo trasladó al hospital para que fuera examinado, donde se determinó que como consecuencia de la violencia ejercida contra él, tiene lesiones en las piernas y en el hombro. Los niños y niñas fueron obligados a salir semi desnudos, ya que se encontraban durmiendo cuando la policía ingresó intempestivamente”.
Una vez afuera de la vivienda, los vecinos del barrio les acercaron algunas mantas y agua caliente, mientras la policía no dejó entrar a ningún integrante de la familia a sacar su ropa, ni pasar al baño ni para cambiarle los pañales a los bebés.
En el momento de leer el acta la policía exigió las credenciales de los abogados presentes, cuando no los dejaron participar del procedimiento; decidieron no firmar debido a las irregularidades detectadas.
La ministra Marchesini manifestó que desde el Ministerio que dirige, “tenemos la facultad de acompañar los procedimientos, y ser no sólo la parte de búsqueda de soluciones, sino que dar pie a que se respeten los derechos humanos”.
Denunció que el procedimiento tuvo “innumerables irregularidades, y que no respondió a las garantías constitucionales”.
Veinte años viviendo en el terreno
Carina Pacheco es la mujer que ocupaba el terreno junto con su familia, y es el tercer intento de desalojo a la propiedad, y la primera vez que lo concretan sin aviso previo e ingresando violentamente. Hace veinte años que vive en ese predio, y cuando se instaló allí no había nada más que malezas.
Hoy cuenta con un muro perimetral y una vivienda de material, y dos casillas más donde viven sus hijos.
Pacheco está empadronada en el Instituto Provincial de Desarrollo (Iprodha), amparada por la Ley XII N° 28 (Ley madre que establece la suspensión de los desalojos), y la Ley XII N°35 que prorroga el plazo de suspensión al 31 de diciembre del 2019, y se encuentra realizando los trámites de la titularización.
Por otra parte, Marcelo Cantero, el presunto dueño de la propiedad, presentó un recibo de compra venta del que Pacheco señaló que “deja mucho que desear, porque no sé cómo pueden vender un terreno que no está inscripto en la Dirección de Catrastro ni en ningún lado, tal como lo comprobó el abogado que nos patrocina”, dijo.
Tanto ella como su familia, “están decididos a permanecer acampanado frente a la vivienda de la que fueron expulsados, hasta que el Estado provincial les brinde una solución acorde a las pérdidas materiales que sufrieron, y considerando que se trata de tres familias afectadas”.
Repudio del Pays por el accionar judicial y policial
El presidente del Partido Agrario y Social, Héctor “Cacho” Bárbaro manifestó su repudio, al igual que el Bloque de Diputados del Pays, del accionar de la Justicia y de la Policía de la provincia. “Nos preocupa que en este caso como el de la familia Pacheco, de la chacra 114, se violentan derechos de tres familias que viven en ese predio desde hace veinte años, y no se respetan las leyes sancionadas por la Cámara de Diputados que protegen a las familias más vulnerables.
“Es inadmisible que la Justicia Provincial ordene este tipo de procedimientos y peor aún, es condenable el accionar de nuestra Policía a cargo del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, ordenando un desalojo con violencia, fuera de toda normativa y sin respetar los derechos de las niñas, niños, bebés que hoy fueron arrojados violentamente a la calle.
“Sólo espero que el Estado provincial se haga cargo de conseguir una vivienda para esas familias, que a pesar de estar amparados por una Ley nuestra y sancionada por unanimidad en la Legislatura,y protegidos por numerosas normas nacionales e internacionales, hoy se encuentran literalmente en la calle”, lamentó Bárbaro.
(C6)
